Durante 2020 y 2021 se registró una caída en este tipo de delitos, coincidentemente con lo que también pasó en el resto del mundo. El gobierno atribuyo esta caída a los efectos de la Ley de Urgente Consideración, aprobada ni bien asumió. Ley que se puso a consideración y fue refrendada el 27 de marzo del corriente año.

Desde la oposición se atribuyó esta baja a la disminución de la circulación durante los años más duros de la pandemia, donde la mayoría de los uruguayos bajó considerablemente su vida social. En muchos lugares de trabajo se implementaron tanto guardias como teletrabajo Y durante un largo período se suspendieron los espectáculos deportivos y artísticos.

Fue así que, durante estos años, el debate entre la oposición y el gobierno en materia de seguridad se centró entre el supuesto éxito de una nueva gestión y los efectos de la pandemia. Lo cierto es que la coalición que nos gobierna prometió mucho al respecto en campaña electoral, en un tema muy sensible y que estaba en el centro del debate en los últimos años. Se prometió «terminar con el recreo» de los delincuentes y traer el orden a las calles.

En esta coyuntura, el cuestionado ministro Luis Alberto Heber enfrentó el primer llamado a sala el martes 8 de junio. Intentó contestar y sortear las preguntas y valoraciones de la oposición en uno de los temas en los que el gobierno parece tener más problemas.

Ni bien comenzó la nueva gestión en seguridad al mando del fallecido ex ministro del Interior Jorge Larrañaga, se notó un sensible aumento del patrullaje policial en horarios pico de zonas de mucha circulación de personas y se empezaron a utilizar con gran frecuencia los helicópteros adquiridos en los gobiernos anteriores. Esto provocó en una buena parte de la población la sensación de que se estaba en buen camino pero también el rechazo de otra parte de la población que se sentía un tanto invadida ante tanta presencia policial en lugares donde el problema de la inseguridad no estaba tan presente. Daba la sensación de que el gobierno quería mostrar una mayor presencia policial apostando efectivos en lugares céntricos. El aumento de patrullaje no se notó en los barrios donde el problema de la inseguridad estaba en peor situación.

Este aumento de la presencia policial en lugares de alta circulación duró algunos meses, probablemente no pudo ser sostenida por problemas de presupuesto (mantener helicópteros volando y patrulleros recorriendo todo el día requiere de un gran incremento económico).

Ni bien se levantaron las restricciones de la pandemia, los delitos empezaron a crecer de forma acelerada, pero, principalmente, los homicidios y también las muertes clasificadas como dudosas.

El gobierno, al igual que lo hizo el gobierno anterior, ha atribuido este problema a condiciones que tienen que ver con el narcotráfico y los ajustes de cuentas. Si bien es cierto que mucho de eso pueda haber, tampoco es fácil de comprobarlo y, si así fuera, desnuda todo un contexto social que favorece este tipo de prácticas y el avance rápido del crimen organizado, así como también de la violencia en general.

Lamentablemente, la inseguridad se ha convertido en un «botín electoral» y esta situación ha contribuido a que no prospere un dialogo nacional. Da la sensación de que la batalla entre oposición y gobierno tras ese botín es más comunicacional y de postura frente a los medios que de ir en busca de soluciones reales a problemas reales.

Ambos bloques tienen problemas. El gobierno que prometió más de lo aconsejable a problemas muy complejos y multicausales, sumada a una creciente desconformidad de la población en esta materia.

Por otro lado, la oposición tiene sobre sus espaldas la percepción de buena parte de la población de que cuando fue gobierno tampoco pudo gestionar bien estos temas y, por otra parte, evitar caer en la tentación de golpear duramente al gobierno con críticas muchas veces despiadadas e injustas como las que sufrió cuando fue gobierno.

La izquierda debe superar algunos prejuicios y entender, finalmente, que el problema de la inseguridad es una cuestión bien de izquierda. Quienes más sufren sus efectos negativos son las personas carenciadas, los barrios más pobres. Quienes más tienen pueden combatirla de mejor forma con costosos sistemas de seguridad.

Por eso, la izquierda debería centrar sus esfuerzos en elaborar un programa de propuestas tendientes a frenar esta escalada de violencia. Reunir a los diferentes técnicos de diferentes áreas —no solo las concernientes al tema puntual de la labor de la policía— y presentar al gobierno una batería de propuestas. No debería esperar a que la situación se vuelva irreversible, ni esperar al próximo período electoral para ver si gana las elecciones e intentar ensayar soluciones.

Si la actuales condiciones no se revierten, así haya un cambio de rumbo político en el futuro, el riesgo de que al próximo gobierno le suceda lo mismo que le está sucediendo a este es muy alto y, mientras tanto, los ciudadanos en el medio del botín electoral, esperando que suceda algo que realmente cambie las cosas.