El intendente en funciones, Marcelo Metediera, defendió en la prensa la decisión y afirmó que se trató de un ajuste de la tasa de servicios vinculada a la gestión de residuos. La Intendencia de Canelones negó un aumento desmedido de la contribución inmobiliaria, como habían denunciado desde la oposición. Si algo nos parece es que esta suba es inoportuna, mal comunicada y que no tiende a criterios de redistribución.

Inoportuna: es cierto que debemos enfatizar en las dificultades que financieramente tiene hoy la Intendencia de Canelones debido a políticas del Gobierno Nacional. Como ejemplos podríamos mencionar la eliminación del Fondo Metropolitano, que implicaba 30 millones de dólares (más de 1.300 millones de pesos) para obras, la reducción de las transferencias del Gobierno nacional al departamental, que implica una caída acumulada en el quinquenio de 1.400 millones de pesos, o la reducción sensible de los aportes realizados por el Gobierno nacional a los Gobiernos municipales, que implica una caída acumulada en el quinquenio de 180 millones de pesos. 

De todas formas, esta suba se plantea en principio como inoportuna en cuanto a sus montos y su no progresividad. Tasas que no se habían modificado desde 1998, se plantea la necesidad de que se apliquen progresivamente en el tiempo para no afectar tanto el ingreso de las familias canarias que, producto de la pandemia y políticas de rebajas salariales, han visto disminuidos sus ingresos en relación la inflación de estos dos años. Mal comunicada, o, mejor dicho, no comunicada. Fueron los contribuyentes que se dieron cuenta al momento de ver sus recibos y efectivizar el pago.

Y, por último, que no tiene en cuenta ninguna política anterior de hacer que la carga impositiva tenga algún criterio de redistribución de los ingresos. Esta política está planteada concretamente en los mismos lineamientos del Programa Departamental del Frente Amplio en sus Políticas institucionales: «Continuar con las políticas tributarias que se enmarquen en fuertes criterios de justicia social, que la contribución de las casas habitación tengan relación con el valor real de las mismas y de los ingresos de sus habitantes, que las empresas que aporten en relación a sus ganancias y relacionado a los empleos que generen».

Pero intentemos profundizar sobre el tema de impuestos. Los impuestos no suelen tener buena fama. Sus opositores más enérgicos argumentan que cada tributo constituye poco menos que un robo o un asalto a su propiedad. Lo que cada uno gana legítimamente con su esfuerzo, no debería ser tomado para financiar bienes y servicios que no lo beneficien directamente. Para otros, en cambio, los impuestos constituyen un mal necesario. Por esta vía, se suele entender y aceptar que las políticas fiscales son imprescindibles. Por ello, el sistema tributario debería guiarse por criterios distributivos que aseguren cargas y beneficios justos entre los contribuyentes.

Para analizar este tema de impuestos, sería interesante referirnos a los aportes realizado por Murphy y Nagel, que presentan un trabajo sobre como evaluar si un impuesto es justo o injusto. Para ello, utilizan un esquema impositivo que será justo si solo este es funcional a un conjunto de instituciones legales y económicas justas. En este sentido, ven unida la política tributaria a la política distributiva del Estado. Y determinan que nos es adecuado hacer evaluaciones sobre el carácter justo o injusto de las políticas de gasto y de ingresos por separado. Otro tema que seguramente se debería tener en cuenta en esta discusión, que estos autores también plantean y argumentan, es que no tiene sentido examinar la legitimidad del sistema impositivo sin tomar en cuenta la legitimidad del sistema de derechos de propiedad.

Después de este paréntesis, que coloca para nosotros en su justo término este tema que inundó nuestras redes, nos gustaría reiterar y dejar claro que esta suba de tasas no ha sido ni oportuna, ni bien comunicada, ni necesaria. La Intendencia debería ir por un ajuste indexado a los aumentos de los ingresos de los hogares. Esto, seguramente, llevaría a un diferimiento progresivo de las tasas incluidas en la contribución y a una búsqueda de financiamientos de otro tipo que no castigue a los contribuyentes. Este acierto haría mantener y fortalecer los apoyos que ya tiene en la gestión, particularmente en la de la gestión ambiental que ya alcanza el 87 %.